Por los delitos de homicidio y lesiones culposas, un juez de Control vinculó a proceso al apoderado legal de la empresa operadora de
la Feria de Chapultepec, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.Durante un encuentro con los medios de comunicación, el vocero de la dependencia capitalina,
Ulises Lara López, informó sobre la vinculación a proceso luego del accidente que dejó dos muertos y dos heridos tras descarrilarse un carrito del juego Quimera.“Los datos de prueba
presentados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México permitieron que un juez de Control vinculara a proceso al apoderado legal de la empresa Operadora de Desarrollo Humano
Chapultepec SA. de CV., por los delitos de homicidio culposo diversos y lesiones culposas diversas", Ulises Lara López, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México.De acuerdo con la información de Lara López, el juzgador estableció un plazo de cuatro meses y 15 días para la investigación complementaria en el caso que involucra a la popular Feria
de Chapultepec.La vinculación a proceso del apoderado legal de la Feria de Chapultepec fue el resultado, dijo, de los datos aportados por la dependencia encabezada por la procuradora
Ernestina Godoy.“Lo anterior, como parte de las investigaciones realizadas por esta procuraduría respecto al deceso de dos personas y dos más que resultaron con lesiones graves el pasado 28 de
septiembre al subirse al juego mecánico operado en malas condiciones debido a la falta de mantenimiento”, Ulises Lara López, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México. Los otros vinculados a proceso por el caso en la Feria de Chapultepec El apoderado legal del parque de diversiones no es el primero en ser vinculado a proceso por parte de las
autoridades locales, pues el pasado 24 de octubre la misma dependencia informó que, como parte de las investigaciones, dos mecánicos y un supervisor de la Feria de
Chapultepec habían sido vinculados a proceso. Sin embargo, en ese caso, el juzgador otorgó cinco meses como plazo para la investigación complementaria e impuso firma periódica
mensual de los involucrados como medida cautelar.
